Empire state of bienestar


La sociedad estadounidense se caracteriza por su profundo sentido patriótico basado en su premisa de “libertad y justicia para todos”. Sin embargo, de acuerdo con los estudios del Profesor Geert Hofstede (1928), el pueblo americano resulta ser muy individualista y corto-plazista, alimentado por un enorme espíritu competitivo y de aceptación a las incertidumbres.

El estudio de Hofstede, reconocido internacionalmente por haber desarrollado el primer modelo empírico de las dimensiones de las culturas nacionales, nos brinda  una perspectiva interesante para entender el nivel de compromiso de la sociedad americana con respecto a su estado de bienestar.

El estado de bienestar, fundamental para la sociedad europea occidental como instrumento de cohesión social, se ha desarrollado sobre la necesidad de los usuarios de unos servicios públicos de calidad para los que no hay reparo en pagar más impuestos mientras todos puedan recibir la atención que se merecen. Por contra, los americanos parecen disentir de este pensamiento. La complejidad administrativa que supone la configuración federal de la unión norteamericana, dificulta -contradictoriamente- la unificación de criterios en cuanto al funcionamiento de servicios públicos fundamentales, como asistencia sanitaria, el transporte y la educación.

El US Welfare System se creó en la década de 1930 tras la Gran Depresión para atender a las familias con escasos recursos o sin ingresos. Bajo el liderazgo de Johnson en los 60, el Congreso promulgó el programa de salud Medicare para los ancianos y Medicaid, el programa de asistencia médica para los pobres. La Guerra contra la Pobreza llegó a ser el elemento central del programa de la Gran Sociedad de la administración Johnson. La Oficina de Oportunidades Económicas, instituida en 1964, impartió capacitación a los pobres y creó varias agencias de acción comunitaria que aspiraba a dar a los pobres voz en los programas de vivienda, salud y educación.

El sistema estuvo en manos de los gobiernos federales durante 61 años, con el descontento de muchos americanos que alegaban que gran parte de los favorecidos por el sistema abusaban de éste al no buscar trabajos, teniendo más hijos o mantenerse sin casarse para conseguir más ayudas; Bill Clinton fue elegido con la intención de reformar la administración del sistema en los noventa, pero finalmente en 1996 se aprobó una ley para devolver el control a los gobiernos federales.

Esta reforma le otorgó a los Estados de la unión la potestad de decidir si los inmigrantes de reciente entrada en el país podían aplicar al programa y el nivel de beneficios a los que podían acceder. Un estudio realizado por Rodney E. Hero y Robert R. Preuhs para American Journal of Political Science concluyó que estas decisiones desvirtúan el modelo discriminando a ciertos individuos por condiciones ajenas a sus niveles de ingreso.

El sistema americano incluye principalmente ayudas financieras destinadas a atender pagos y cubrir necesidades básicas de asistencia medica y de educación temporalmente. Ha sido fuertemente criticado por los gobiernos conservadores no sólo en Estados Unidos sino también en muchos países de Europa acusando el incremento del gasto público que estas ayudas suponen y los efectos que ha tenido la reciente crisis financiera tanto en los bolsillos de las familias como en las arcas públicas.

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